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martes, 12 de octubre de 2010

La Participación Política en México: formas y retos


Resumen
Desde hace más de 30 años, las instituciones en México han experimentado cambios ambiguos respecto a la participación política que han influido de alguna manera en el comportamiento de los actores. La ambigüedad que el sistema legal refiere a la participación política encuentra recurrente sus límites cuando se enfrenta directamente con el poder. En este sentido, la participación política en México ha jugado una suerte de apertura-restricción que invariablemente ha afectado el comportamiento de los actores, productores, espectadores y críticos del sistema político mexicano.

Este ensayo tiene como objetivo analizar las formas de participación política en México, sus retos y las formas de participación que con mayor frecuencia ha sido utilizada por los ciudadanos.

La participación política en México: una aproximación conceptual

La participación política se refiere en términos generales a la forma de actuar de los ciudadanos, de forma colectiva o individual, organizada o no, para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas, denuncias para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés general.

Por tanto, para analizar las formas de participación es necesario recurrir a un marco teórico que de cuenta de un modelo de análisis de la participación política. Para ello, podemos distinguir tres enfoques sobre la Participación: el estructural-funcional, el neoinstitucional y el marxista.


El Enfoque estructural-funcional:

El primero establece que la participación política es un mecanismo de respuesta ciudadana a la falta de efectividad de respuesta del gobierno sin llegar a ser un componente anti-sistémico. En este sentido Huntignton (1974) sostiene que el cambio de posturas, objetos, valores e ideologías de quienes demandan mayores cuotas de participación contrariaban a un gobierno eficiente y bueno, propio de lo que él denominaba como “política benigna”.

En este mismo sentido, Meister (1971) sostiene que el asociacionismo en las sociedades complejas establecerá como una cooperación entre los hombres no para definir los medios, sino sólo para definir los fines, alcanzando así la sociedad una mayor racionalidad en sus decisiones. Esta teoría, fundada en los principios de la teoría de los sistemas de Easton y posteriormente de Young, respecto a sus análisis de los grupos y de la teoría cibernética que sostiene que la mecánica de la cooperación en el largo plazo, en este caso de los ciudadanos, servirá para mantener los sistemas políticos funcionales paralelamente a su complejidad.

En este sentido, Barnes y Kasse (1979) sostienen que “las transformaciones que se estaban operando en las sociedades occidentales estaban dando lugar a un nuevo paradigma político en el que se registraba un continuo incremento en las tasas de participación ciudadana” (Barnes y Kasse, 1979, citado por Oñate, 2005: 104). De ahí que varios otros autores sostuvieran que la alta participación política podría poner en riesgo varios sistemas políticos occidentales que eran conducidos por la llamada “democracia elitista”, puesto que varias de las formas de participación se salía de lo llamado convencional o también entendido como legal, formal o tradicional. Ejemplo de ello, tenemos los movimiento estudiantiles de la las décadas de los 60’s y 70, como la Primavera de Praga, México, Paris y China de 1968, entre otros.

En consecuencia, Barnes y Kasse elaboran categorías de individuos de acuerdo a sus formas de participación, a saber (Oñate, 2005: 107):
• Inactivos: individuos con a pesar de contar con cierta información y ganas de participar no lo hacen.
• Conformistas: personas que van bastante lejos de la utilización de las formas de comportamiento político convencionales, aunque no estarían dispuestos a participar en acciones directas.
• Reformistas: personas que participan activamente en política de forma habitual, que pueden acudir a formas de acción convencional y no convencional, siempre que sean legales.
• Activistas; ciudadanos que amplían su catalogo de formas de acción política al máximo, utilizando profusa y cotidianamente sus distintas posibilidades en ocasiones no legales.
• Contestatarios: son activos como los reformistas o los activistas, que si bien no suelen recurrir a la acción convencional por considerarlas ineficaces.

Tomando este criterio, Dahl (1999) sostiene que la única forma de Estado que permite el mantenimiento del sistema político a partir de la creciente participación política posterior a la Segunda Guerra Mundial descrita por Bell, es la democracia. Así, la democracia ofrece cinco criterios para el buen funcionamiento del sistema político tanto para los gobernantes como para los gobernados: a. Participación efectiva; b. Igualdad de voto; c. Alcanzar una comprensión ilustrada; d. Ejercitar el control final sobre la agenda, y; e. Inclusión de los adultos (Íbid, 1999: 46-51).

De esta manera, los sistemas políticos “modernos” han ido agregando formas de captación de demandas provenientes de las formas otrora no convencionales, como la consulta ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, las iniciativas populares, los plebiscitos, entre otros. Con ello, las democracias occidentales o avanzadas han podido mantenerse funcionando con estándares de buen gobierno impuestos por su democratización e influyendo en el comportamiento de los actores para la conducción de sus demandas. Así a partir de las nuevas formas de acción política engloban a que los ciudadanos “políticamente más sofisticados, activos y críticos no suponen una amenaza para el orden social existente, sino más bien (sic) lo contrario […] pueden suponer el catalizador que haga las oxidadas estructuras políticas más fludificadas (sic) y abiertas al cambio social”. (Oñate, 2005: 111)

El enfoque Neoinstitucional

El institucionalismo, proviene de los estudios políticos realizados en su mayoría por estudiosos con formación filosófica y jurídica durante los años 50´s. En términos generales, el institucionalismo sostiene que el comportamiento de los ciudadanos está determinado por las formas de articulación de las instituciones y de los marcos legales que les sustentan. En este sentido las instituciones, entendidas como agentes de comportamiento masivo, son las responsables del correcto funcionamiento de los gobiernos y del comportamiento de los ciudadanos.

Hacia mediados de la década de 1980, el institucionalismo comenzó a adoptar parte de la teoría de la “elección racional” o del “individualismo metodológico”. La teoría de la elección racional –proveniente de las ciencias económicas a partir de los estudios de Rokkan y Lipset (1967)- propone que en las ciencias sociales, los fenómenos sociales son reductibles a lo individual y la que tiende a pensar que la sociedad se impone a los individuos y que las entidades macrosociales no son reductibles a los individuos.

Además sostiene al individuo como un actor racional que busca de manera informada la maximización de la utilidad acorde a sus intereses mediante un cálculo de costo-beneficio a partir de su competencia con otros actores. Por tanto, la conducta individual puede ser estudiada en laboratorios mediante el uso de tecnologías informáticas y cálculos matemáticos que permiten disponer de probabilidades futuras de comportamiento que parten de axiomas deductivos sobre la racionalidad del individuo, la competencia con otros y las condiciones objetivas de la coyuntura.

Tanaka (1995: 45), sostiene que la racionalidad de la participación en América latina (expresada en la dinámica de los movimientos sociales) se ve afectada por “elementos tales como la apertura o cerrazón del sistema político, la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones políticas existentes, la presencia o ausencia de los aliados o grupos de apoyo, el grado de utilidad o de división del interior de las élites y su tolerancia frente a acciones de protesta y la capacidad del gobierno para instrumentar sus políticas” que alteran la rentabilidad y costo de la acción colectiva y la incentivación o no de la movilización.

Así, la participación política es entendida como el uso racional de los mecanismos institucionales o no institucionales disponibles en cada sociedad, con el objetivo de maximizar las utilidades colectivas-individuales en base a las oportunidades coyunturales que lo permitan.

El enfoque Marxista

Para el enfoque o teoría marxista, la participación política es entendida como la lucha de clases que se suscita dentro de los sistemas de producción basados en la ganancia, la rentabilidad y el interés. Lenin sostenía que la lucha de clases es el motor de la historia, lo que significa que la dinámica dialéctica entre las clases sociales promueve los cambios en los sistemas de producción social.

El sistema de producción capitalista se reproduce a partir de la explotación por parte del dueño de los bienes de producción (burguesía) sobre los dueños de su trabajo (proletariado) cuya ganancia está basada en el trabajo no pagado a los trabajadores (plusvalía). En consecuencia la acumulación del capital por parte de la burguesía se convierte en un punto de tensión económica, política y social por parte de quienes trabajan para la acumulación del capital pero no reciben los beneficios de la producción de forma justa.

Esta relación contradictoria puede intensificarse de acuerdo a múltiples factores objetivos (crisis económica, dictadura, expansión del trabajo, etc) e histórico-culturales. Gramsci (1970) sostiene que existe una relación sociedad civil-sociedad política ante la cual el aparato de Estado es usado como instrumento de las clases dominantes para mantenerse en el gobierno mediante la represión, la coerción o la violencia.

Así, la participación de la sociedad civil es fundamental para la estabilidad de las clases dominantes y de su hegemonía en el aparato e instrumentos de Estado. Cuando la sociedad civil incremente su dominio en la ideología, cultura y puestos del aparato de Estado, menor será el dominio de la clase política y por tanto desaparecerá la hegemonía del capitalismo.

Trotski (2007) sostiene que la revolución sería consecuencia de la continua participación de la sociedad civil en la lucha de clases hasta la desaparición del capitalismo y de la sociedad de clases en la instauración del comunismo.

En consecuencia, la lucha de clases está determinada por un lado, por el uso de la superestructura (ideología) de Estado, así como del aparato de estado (coerción) por parte de las clases dominantes (burguesía, clase política, terratenientes, pequeño-burguesía) y sus aliados (clero, milicia y otros), contra las clases no dominantes, pero concientes (proletariado, campesinos, estudiantes, indígenas, migrantes) y sus formas de lucha (protestas, huelgas, paros cívicos, mecanismos legales, tomas de fábricas, entre otras).

Es decir, que las sociedades de clases promueven las relaciones dialécticas una vez que las contradicciones del sistema afloran por la experiencia de las clases, es reflexionada, padecida e instrumentada en una organización revolucionaria (el partido político) a través de una ideología (creación de cuadros) y un órgano centralizado de decisiones (la vanguardia). O sea, que mientras existan las sociedades de clases habrá manifestaciones de la sociedad civil de descontento contra el gobierno y el capital, así como la reacción de estos últimos para mantener sus privilegios de clase.

De esta manera, Offe (1988) clasifica a los participantes de acuerdo a sus ideales en combinación con sus causas y opinión sobre los mecanismos del aparato de Estado (o instituciones), de la siguiente manera (citado en Oñate, 2005:116):
Ciudadanos democrático-liberales: participan tanto a través de formas convencionales como no convencionales, dentro del marco de sistema político establecido en el que confían para su causa.
Ciudadanos apáticos-conformistas: ciudadanos que tampoco participan en causas colectivas públicas o semi- públicas, relacionadas con el interés general, pero í manifiesta apoyo al sistema político dominante.
Ciudadanos solidarios alternativos: tienen valores comunitarios y comparten una idea del interés general y las causas colectivas que les gustaría ver desarrollados, si bien estiman que el sistema institucional formalizado no va a propiciarlo.
Ciudadanos abonados al privativismo político y social: individuos que no tienen una especial concepción del interés general, no se interesan por causas colectivas públicas o semi-públicas, ni tienen una causa que defender salvo su propio interés general, no participan políticamente.

Por lo que la participación política está determinada el carácter histórico de los intereses de clase ya sean colectivos, estructurales o particulares, como parte de la lucha de clases contra la burguesía y sus aliados.

La participación política en México

Una vez analizado tres de los enfoques generales de la participación política, es posible dar cuenta de la participación del México contemporáneo, en particular de la década de 1980 a la fecha.

Desde las manifestaciones masivas de descontento de 1968 en adelante, en contra de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el sistema político, las élites gobernantes –aglutinadas entorno a la figura del presidente de la República desde la década de 1940- formularon reformas de ajuste estructural con el fin de mantener el control de las masas, disminuir las posibles tensiones anti-sistémicas de las guerrillas urbanas y rurales, y mantener la cohesión al interior de las bases y élites regionales del PRI y de sus aliados.

Para ello, promovieron una serie de liberalizaciones, tanto del sistema económico como político, que conllevaron a la apertura de los mecanismo de participación política tales como el aumento en el número y registro de partidos, incremento gradual en los puestos de representación y gobierno, aumento paulatino de las garantías individuales y finalmente, el cambio de funcionamiento de algunas instituciones. Todo ello, se ha ido logrando mediante la negociación o consensos entre las élites de la oposición leal, en términos de Linz, y mediante la coerción y la represión contra la oposición anti-sistémica o semi-leal.

En el ámbito económico el cambio en la forma de producción del capitalismo de estado, transito hacia el llamado “libre mercado” que no es más que una fase superior del capitalismo colonialista. De esta manera, el rompimiento de gobierno-burguesía permitió el cambio en las formas de producción basadas en la sustitución de importaciones que se enfocaban en el mercado interno y en la estatización de los medios de producción, trocó hacia una economía que beneficia el intercambio comercial con socios estratégicos, privatización de la producción y servicios públicos en base a la inversión extranjera, el fortalecimiento del sistema financiero y el enriquecimiento desde y hacia otros mercados.
La participación política en México a quedado reducida y especialmente enfatizada en la participación electoral. Esta etapa de restricción-apertura, provocada por los acuerdos dirigido desde las clases dominantes hacia los opositores leales, a tenido como resultado que la arena del conflicto político se lleve acabo en las urnas, de forma temporal y con candidatos legalmente ratificados a cambio de la aceptación del sistema político y económico. Es decir, que la sociedad civil organizada puede no sólo a ser escuchada sino acceso a puestos de poder, eso sí, dentro de una competencia desigual .

Mecanismos de participación ciudadana

En la legislación mexicana, existen diferentes leyes que tienen como objetivo regular el comportamiento, competencias y límites de la participación ciudadana. En general, se han establecido 12 mecanismos de participación ciudadana convencional a saber:
1. Plebiscito
2. Referéndum
3. Iniciativa Popular
4. Consulta ciudadana
5. Colaboración ciudadana
6. Rendición de cuentas (accountability)
7. Difusión Pública (Transparencia)
8. Red de contralorías ciudadanas
9. Audiencia pública
10. Asambleas ciudadanas
11. Presupuesto participativo
12. Voto en elecciones populares

Sin duda, la emisión del voto en elecciones populares como las presidenciales, legislativas y de gobiernos locales a sido la de mayor extensión como mecanismo convencional de participación. De hecho existe un instituto encargado de dicho mecanismo que recibe cerca de 12 mil millones de pesos mexicanos (cerca de 1 millón de dólares anuales): el Instituto Federal Electoral.

Además ha habido cada vez mayores políticas de fortalecimiento en la redención de cuentas, audiencias públicas, presupuesto participativo y transparencia de los servicios públicos. En tanto, que el plebiscito, el referéndum, y la consulta ciudadana escasamente han sido utilizadas como mecanismos de participación ciudadana. Ello, probablemente se deba a la desacreditación de las autoridades en todos sus niveles como consecuencia de la corrupción como mecanismo histórico de solución y canalización de los problemas de la ciudadanía hacia parte de un estado poco eficiente.

Por otro lado, las protestas, huelgas, marchas masivas y paros de vías de transporte se han mantenido en un aumento gradual como mecanismo de participación política no convencional. La creciente desigualdad social provocada por la expansión del capital en la producción y distribución de bienes públicos, el aumento del narcotráfico y de la violencia del Estado, la pauperización de la calidad de vida, ha incrementado el descontento generalizado tanto de las clases proletarias, campesinas y subalternas que han volcado su participación a mecanismos no convencionales.


Los retos de la Participación Política

En conclusión, los retos de la participación política deben tener no sólo la apertura de los mecanismos de de las demandas ciudadanas por parte de los entes públicos para ser escudadas, sino que deben ser extendidas a cada vez mayores números de personas, como los indígenas, clases marginadas, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y extranjeros. A su vez, se debería incrementar la eficacia de la solución de las demandas por parte de los gobiernos, tanto en su celeridad como en su efectividad.

Pero el reto más importante, es quizás el control de la corrupción como forma cultural e instrumental de canalizar la solución de las demandas ciudadanas. Ello ha creado no sólo un clima de descrédito hacia las autoridades, sino que ha aumentado la violencia, los delitos y la cada vez más creciente deslegitimación del sistema político mexicano y de sus gobernantes.


Bibliografía

• Dahl, R. (1999), La democracia. Una guía para los ciudadanos, Ed. Taurus, Argentina
• Gramsci, A. (1970), Antología, Ed. Siglo XXI, México.
• Huntington, S., y P. Nelson (1976), No Easy Choise: Political Participation in Developing Countries, New Heaven, Harvard University, Estados Unidos.
• Meister, A., (1971), Participación social y cambio social, Ed. Monte Ávila, Venezuela.
• Meyemberg, Y. y J.M. Herrera (2003), Las reglas y los comportamientos: 25 años de reformas institucionales en México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.
• Offe, C., (1988), Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Ed. Sistema, España.
• Oñate, P., (2005), “Participación política, partidos y nuevos movimientos sociales” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, No. 194, pp. 103- 136.
• Tanaka, M., (1995), “La participación política de los sectores populares de América Latina”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 57, No. 3 (Jul-Sept), México
• Trotski, L., (2006), La Revolución Permanente, Fundación Federico Engels, México
• Young, O., (1993), Sistemas de Ciencia Política, Fondo de Cultura Económica, México

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